Sí, pero con matices.

Tras la entrada en vigor del nuevo Decreto Ley 19/2021 de 31 de agosto, lo determinante es que, para intervenir en cualquier acto o negocio jurídico la persona con discapacidad, al igual que cualquier ciudadano, sea capaz de entender y percibir las consecuencias jurídicas, económicas y familiares de los mismos.

No obstante, en aquellos supuestos en que el discapacitado no alcance a entender el alcance de dichos negocios o actos jurídicos necesitará asistencia o apoyos que serán designados acudiendo ante un Notario o solicitándolo ante un Juez. El Notario o Juez nombrará asistentes (ya no tutores ni curadores) e indicará cuáles son sus funciones y los actos en los cuales deberán intervenir; para ello podrá diseñar un plan de apoyos hecho a “medida” o podrá fijar apoyos puntuales para cada acto concreto.

Si la persona con discapacidad no ha previsto un sistema de apoyos y éstos son necesarios para su comprensión, la asistencia vendrá determinada por una resolución judicial. Por tanto, en ciertas ocasiones, la persona con discapacidad podrá actuar por sí sola y en otros casos podrá valerse de apoyos o asistencia, pero nunca se podrá prescindir del discapacitado al celebrar el negocio jurídico de que se trate y, ante todo, no se le podrá excluir por razón de su discapacidad.